Pide al Tribunal Penal Internacional que investigue a las personas responsables del ataque en el que murieron nueve activistas.

 

PÚBLICO Madrid 14/01/2013 17:43 Actualizado: 14/01/2013 19:19

 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha calificado de crimen de guerra y de lesa humanidad el asalto de Israel a la Flotilla de la Libertad de mayo de 2010 en el que murieron nueve activistas y 38 heridos resultaron. El Ministerio Público ha solicitado, asimismo, que el Tribunal Penal Internacional (TPI) investigue a los responsables de dar orden a las fuerzas especiales israelíes de abordar los buques que pretendían romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria.

 

La solicitud del fiscal Pedro Martínez Torrijos enviada al juez Pablo Ruz considera que la masacre está sujeta a la jurisdicción universal y que cumple los requisitos señalados por la ley, a pesar de modificación efectuada por el anterior Gobierno socialista con apoyo del PP, al haberse vulnerado la IV Convención de Ginebra, de la que España e Israel son firmantes, y al haber ciudadanos españoles implicados que fueron detenidos y trasladados por la fuerza hasta el puerto de Ashdot, ya en territorio israelí.

 

«Los hechos denunciados constitutivos de delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra están contemplados en el catálogo del TPI, se han cometido bajo la vigencia del citado estatuto, las personas presuntamente responsables están sometidas a la jurisdicción del TPI y finalmente el lugar de comisión se localiza en el territorio de un país que ha ratificado el Estatuto de Roma lo que permite afirmar la competencia del Tribunal Penal Internacional para la investigación de los hechos acaecidos en el mar frente a las costas de la franja de Gaza», señala el texto.

 

La querella presentada por los tres activistas españoles Laura Arau, David Segarra y Manuel Tapial, que viajaban acreditados como periodistas en la embarcación Mavi Mármara, donde se produjeron los asesinatos y los hechos más graves del asalto israelí, junto a la Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Arabe, se dirigía contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis cargos de su Gobierno y un alto mando militar por un supuesto «delito de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura».

 

La Fiscalía, en el escrito fechado en noviembre de 2012, solicita al juez de la Audiencia Nacional que traslade la causa al Ministerio de Justicia para que el Gobierno valore la posibilidad de llevar el caso ante la Fiscalía del TPI. Así, en su informe de competencia, el Ministerio Público recuerda que el artículo 7 de la Ley de Cooperación con este tribunal establece que la competencia para presentar una denuncia ante el fiscal de este tribunal corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, mientras que el Ministerio Fiscal y los órganos administrativos que reciban una denuncia de estas características «archivarán el expediente, informando al denunciante de la posibilidad de acudir directamente ante el fiscal» del TPI.

 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envió sendas comisiones rogatorias a Turquía e Israel y la petición de información al TPI para preguntarles si estaban investigando estos hechos. Asimismo, solicitó a la ONU que le enviara un informe sobre la comisión internacional creada para investigar el asalto al convoy que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

 

 

 

Las acusaciones populares que están presentes en el caso de ‘La flotilla’, la Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y en la que son querellantes Laura Arau, Manuel Tapial y David Segarra, consideran positiva la calificación de la Fiscalía ante el Juzgado Central nº 5 ante los hechos denunciados, el ataque y abordaje de la Flotilla de la Libertad por parte de Israel, en mayo de 2010, como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

 

Consideran válida la petición de la Fiscalía para que estos crímenes y de lesa humanidad sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI).

 

Las acusaciones populares reclaman, tras la supervisión del juzgado, al Gobierno español diligencia para que tramite ante la Corte Penal Internacional, dado que es el único competente para presentar la denuncia ante el Fiscal de la CPI, el caso de la matanza israelí realizada en el asalto del Mavi Marmara y el resto de la Flotilla de la Libertad. Le piden que no consienta de forma cómplice por acción u omisión la permanente política israelí de impunidad que es, en definitiva, la que permite la ocupación israelí de Palestina.

 

La Fiscalía en su escrito señala que este caso está sujeto a la ‘jurisdicción universal’ y que cumple los requisitos señalados por la ley tras la modificación restrictiva de ésta efectuada por el anterior Gobierno socialista con apoyo del PP, al haberse vulnerado la IV Convención de Ginebra, de la que España e Israel son firmantes y haber ciudadanos españoles implicados.

 

La Fiscalía se interroga sobre la Jurisdicción pertinente para que sean Juzgados los presuntos delitos cometidos por Israel y señala que no está juzgado el caso aún existiendo los Informes del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (que recoge la vulneración de la IV Convención de Ginebra por Israel) o en su caso el Informe Turkel realizado a petición de parte, Israel, que sólo pueden ayudar a clarificar si cabe los hechos acaecidos, pero no considerar la cosa juzgada o investigada judicialmente, por lo que si bien podría ser juzgado el caso por cada uno de los países cuya bandera estuviese en esos barcos asaltados por Israel, según establece la Convención del Mar, ante la posible concurrencia de jurisdicciones, dada la vigencia del principio de complementariedad y subsidiariedad, se inclina porque sea la Corte Penal Internacional el prioritario y competente para conocer la existencia del delito denunciado por considerar que es el que tiene más conexión contra los crímenes de guerra y lesa humanidad.

 

Por último, las acusaciones populares consideran que los crímenes del asalto al Mavi Marmara deben ser plenamente investigados y sus responsables tienen que rendir cuentas. Las autoridades españoles debieran apoyar estas demandas, socorrer a las víctimas españolas y reconsiderar las relaciones con Israel dado el sistemático incumplimiento de las obligaciones de este Estado con el derecho internacional.

 

La Flotilla por la Libertad es un instrumento para señalar que Israel debe poner fin al cierre ilegal de la Franja de Gaza, que constituye una forma de castigo colectivo, prohibido por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra relativos la protección de personas civiles en tiempo de guerra y la ocupación del conjunto de Palestina. La comunidad internacional y los Gobiernos son interpelados por la sociedad civil sobre el  cumplimiento de sus obligaciones legales y morales ante su complacencia con la impunidad israelí.

 

Más información:

-Demanda: http://www.nodo50.org/csca/agenda10/palestina/pdf/QuerellaComite.pdf

          http://www.nodo50.org/csca/agenda11/palestina/pdf/SolicituddeclaracionSimonPeres.pdf

 

http://www.nodo50.org/csca/agenda11/palestina/arti26.html

 

-Jurisdicción Universal: http://www.nodo50.org/csca/agenda09/misc/dossierjuris.html

 

-Informe del Consejo de Derechos Humanos de las NNUU: http://www.nodo50.org/csca/agenda10/palestina/pdf/flotilla-comitederechoshumanos.pdf

 

http://www.nodo50.org/csca/agenda10/palestina/arti280.html

 

-Informe sobre el asalto de la flotilla, hecho por IHH: http://www.ihh.org.tr/uploads/2010/insaniyardim-filosu-ozet-raporu_en.pdf

 

-Informe Turkel: http://www.nodo50.org/csca/agenda11/palestina/arti13.html

 

-Rumbo a Gaza: www.rumboagaza.org